La gobernación bonaerense jubila de oficio a miles de docentes mayores de 60 años
En pleno conflicto por la negociación salarial, la jubilación compulsiva que ordenó la gobernadora implica que los afectados cobrarán el 60 por ciento de sus haberes. Los gremios impugnaron la medida y denunciaron que afecta a tres mil docentes.
La medida había sido firmada solapadamente el 29 de diciembre y se oficializa ahora, en medio de la negociación paritaria con los maestros en la que Cambiemos se está jugando a quebrar el frente gremial. Aunque la provincia buscó bajarle el tono, se trata de una cesantía masiva por la que los afectados –tres mil docentes según los sindicatos, 1900 según la provincia– pasarán a cobrar el 60 por ciento de sus ingresos, sin aumento y sin aguinaldo. Como ya sucedió con los retiros forzados en 2016, los maestros quedan además en riesgo de perder en un año su cobertura social.
Desde los gremios Suteba y FEB presentaron una impugnación a la medida, con la advertencia de que los afectados –todos los que hayan cumplido 60 años y tengan 30 de servicio– “están siendo condenados a la pobreza”.
“Nuestro régimen jubilatorio nos permite retirarnos con el mejor haber, con el mejor cargo que hayamos tenido en la trayectoria laboral. Un cese de oficio desconoce ese derecho”, explicó a PáginaI12 Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones del Suteba. “Para ilustrarlo con un ejemplo: yo puedo tener 60 años de edad y haber cumplido 30 de servicio, pero estoy desempeñando mi segundo año de un cargo de directora con jornada completa; con un año más, la ley jubilatoria docente me permite retirarme, luego de una carrera que arrancó en el ‘86 y terminó en 2021, con mi mejor haber: unos 35 mil pesos de jubilación. Si en cambio me cesan de oficio, no voy a jubilarme con el mejor cargo al porcentaje que corresponda, sino al 60 por ciento del haber congelado.”
La resolución lleva el número 2397/17 y fue publicada el viernes en el Boletín Oficial. En lo puntual, es un recorte más en los gastos del Estado, pero puesta en el marco del proceso de avance de Cambiemos contra los derechos laborales se trata de bastante más: una suerte de baza en el camino declarado del macrismo de derogar el sistema jubilatorio docente.
Los rumores sobre la intención de Vidal circulaban desde febrero. De hecho, la resolución estaba firmada desde el 29 de diciembre pasado, pero no se hablaba de jubilaciones masivas; cada maestro debía ingresar a la plataforma web de la Dirección General de Escuelas –ABC.gov.ar– con su número de DNI para saber su situación.
Los gremios habían hecho en el verano unas presentaciones iniciales, porque siguiendo las versiones encontraron dentro del software del sistema de seguimiento de trámites una cifra que los puso en alerta: 3060 expedientes tenían la carátula “Cese masivo de oficio 2018”.
Pero no tuvieron respuesta. Por el contrario, tras las presentaciones a la Dirección General de Escuelas, el software se cayó. La información desapareció de la web. En el Suteba cuentan que permaneció caído por varios días, pero que les quedó una captura de pantalla de donde obtienen la cantidad de 3060 cesantes, el número que los funcionarios de Educación de la provincia rebajan. En los últimos días sólo pudieron entrar a la página ABC.gov.ar como consultantes individuales, y así pudieron observar que a muchos docentes que no han iniciado por sí mismos el expediente jubilatorio los están jubilando.
Claudia Díaz, la encargada del área de jubilaciones de la FEB, señaló que “los jubilados cobrarán un 60 por ciento de lo que les corresponde por el cargo, sin aumentos y sin aguinaldo hasta que Dirección de Jubilaciones constate el cargo que tienen”. Y también habló de cómo se relacionan estos retiros forzados con la intención de derogar el sistema jubilatorio del sector, uno de los regímenes jubilatorios especiales.
Señaló que las jubilaciones de oficio serán pagadas por la Dirección General de Escuelas durante el tiempo que duren los trámites, pero luego el Instituto de Previsión Social (IPS, la caja de jubilaciones y pensiones de docentes y estatales) deberá devolver el dinero con intereses, y además tendrá que pagar el retroactivo del 40 por ciento a cada uno de los docentes. Por eso, los gremios denuncian que el objetivo es también desfinanciar la caja docente.
A fines de año, la gobernadora había avanzado con un proyecto de ley para modificar el IPS, pero lo frenó luego de las multitudinarias protestas frente al Congreso contra la Reforma Previsional.
A nivel educativo, los ceses de oficio van a tener impacto sobre los cargos de conducción de las escuelas. Esto no parece casual luego de la resistencia frente a los cierres de las escuelas en el Delta, donde los directivos se plantaron y movilizaron, una reacción que volvió a verse hace pocos días, cuando frente a un primer intento de desarmar los bachilleratos de adultos hubo muchos directores que llamaron a asambleas en sus colegios desde las que la comunidad educativa organizó su rechazo.
Otro tema es el de la fecha en que fue dictada la resolución que jubila a los maestros. A la manera de las sesiones parlamentarias maratónicas de fin de año, cuando se cuelan en la votación contrarreloj proyectos que jamás serían aprobados de otro modo, la gobernación usó el 29 de diciembre para avanzar con la normativa que habilitó las jubilaciones forzadas; también de esos mismos días es la resolución para el cierre de los bachilleratos para adultos. Los dirigentes gremiales recuerdan que entre noviembre y diciembre circuló en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que, impulsado por la gobernadora Vidal, incluía 80 artículos para aceitar el camino del ajuste.
Los docentes organizaron clases públicas para advertir sobre el proyecto. Se presumía que podía ser tratado, justamente, el 29 de diciembre. Como sucedió con la reforma laboral en el Congreso Nacional, el proyecto no llegó al recinto de la Legislatura, pero en esa fecha fue firmada esta resolución.
Fuente: Página 12
