Eliminan desde octubre la bonificación por ahorro en el consumo de gas
Hasta ahora, quienes lograban consumir el 20% menos comparado con un mismo período del año anterior, obtenían una bonificación del 10% en el precio de sus facturas. El gobierno planea reducir 2300 millones de pesos de gastos que pagarán los usuarios.
El Gobierno nacional ordenó eliminar la bonificación que se otorgaba a los usuarios residenciales de gas naturales que lograran un ahorro en su consumo, comparado con el año anterior, y recortó el subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social.
La medida de la secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel y que comenzará a regir a partir del 1° de octubre, fue comunicada con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 14/2018, que elimina el artículo 10 de la Resolución Nº 212 del 6 de octubre de 2016 y los artículos 3°, 6° y 9° de la Resolución N° 474 del 30 de noviembre de 2017, del extinto ministerio de Energía.
Hasta ahora, quienes lograban consumir el 20% menos comparado con un mismo período del año anterior, obtenían una bonificación del 10% en el precio de sus facturas. Según la norma, sostener el esquema de bonificación por ahorro «implicaría una erogación de $2.350.000.000 para el próximo ejercicio presupuestario 2019», por lo que «frente a la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos previstos, corresponde dejar sin efecto» ese beneficio.
En cuanto a los beneficiarios de la tarifa social, mantendrán el 100% bonificado el precio del gas hasta un bloque máximo de consumo, a partir del cual comenzarán a abonar el total del precio. El bloque lo establece cada distribuidora, por lo que varía según la región del país.
De acuerdo a los argumentos de la medida, el cambio en el esquema de precios de la tarifa social responde al «objetivo de tender a la racionalización y eficiencia en el consumo».
En diciembre del año pasado, el Gobierno había dictado una resolución que también recortaba el beneficio para los usuarios de gas con tarifa social, que finalmente fue suspendida en mayo ante el intento de la oposición de limitar los incrementos en el precio de los servicios públicos.
