Ruta 30: tragedia, menores al volante y un sistema legal en jaque

 Un trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta 30 volvió a poner en debate los límites del sistema legal argentino cuando el responsable de un hecho grave es un menor de edad. El episodio, que terminó con la muerte de un vecino de Rawson, expone una trama donde se cruzan dolor, responsabilidad y un complejo entramado jurídico.

Según informó La Razón de Chivilcoy, la víctima fue Rodolfo Marcelo López, de 52 años, quien perdió la vida atrapado en su vehículo tras un violento impacto frontal. En el otro automóvil viajaban tres menores —de 14 y 16 años— junto a una mujer, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal, algunos en estado crítico.

El abogado Emmanuel Langone analizó el caso y sostuvo que el hecho “combina el dolor irreparable de una muerte con un debate jurídico y social que la comunidad no puede eludir”. En ese sentido, advirtió sobre la gravedad de que un menor conduzca un vehículo, al que definió como “un verdadero proyectil de metal”.

La mecánica del accidente

De acuerdo con las pericias preliminares, el automóvil en el que circulaban los menores habría “mordido” la banquina, perdió el control e invadió el carril contrario, provocando el choque frontal. La violencia del impacto quedó reflejada en un dato elocuente: el motor del Gol Trend salió despedido y fue hallado a varios metros del lugar.

El dilema jurídico

Más allá de la reconstrucción del siniestro, el caso abre un interrogante profundo. El régimen penal vigente establece que los menores de 14 años son no punibles, por lo que no pueden ser juzgados ni condenados penalmente. El debate se vuelve aún más complejo en medio de la discusión nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, un proyecto que aún carece de plena aplicación práctica.

“Surge entonces la pregunta de quién responde por la vida de López si el Estado no puede castigar al conductor por su edad”, planteó Langone.

Responsabilidad civil y seguros

En este escenario, la responsabilidad se traslada al ámbito civil. Según explicó el abogado, el daño deberá responderse con el patrimonio de los padres del menor y del titular del vehículo, tal como establece el Código Civil y Comercial. Esto podría implicar embargos preventivos o inhibiciones de bienes.

A ello se suma la posible exclusión de la cobertura del seguro: la Ley de Seguros prevé que la aseguradora puede quedar liberada de responder cuando el siniestro ocurre por dolo o culpa grave, situación que podría interpretarse en un caso donde un menor conduce.

Una herida social

Langone concluyó que, más allá de los expedientes, lo que queda sobre el asfalto es un vacío imposible de reparar. La justicia civil podrá intentar compensar el daño en términos económicos, pero ninguna resolución podrá devolver una vida. La tragedia obliga a la sociedad a preguntarse qué ocurre cuando un volante termina en manos de un menor y qué responsabilidades colectivas existen detrás de decisiones que transforman un segundo de imprudencia en una pérdida irreparable.

Fuente: La Razón de Chivilcoy.