Allanan el edificio donde vive Cristina Fernández tras declarar en la causa de los cuadernos
Efectivos de la Policía Federal realizaron allanamientos en departamentos del edificio en el que vive la expresidenta Cristina de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, y su defensa denunció una maniobra de “amedrentamiento”.
El operativo fue ordenado por el juez Claudio Bonadio y se produjo tras la presentación de la senadora en los Tribunales de Comodoro Py por la causa de los cuadernos de las coimas y mientras sigue pendiente en el Senado la autorización para que el magistrado allane las propiedades de la ex mandataria.
A las 18:50 una docena de efectivos de la Federal ingresaron con perros en el edificio de la calle Juncal para allanar departamentos del primer y cuarto piso pero no el de la ex mandataria, que está protegida por sus fueros.
Fuentes policiales señalaron a NA que se investiga una sociedad en la que podría tener vinculación la familia Kirchner: el operativo fue ordenado por el juez Bonadio (quien tiene la causa central por los cuadernos) y esos departamentos figurarían a nombre del hermano del empresario detenido Fabián de Souza, socio de Cristóbal López, quien los habría adquirido en 2011.
La ex presidenta no se encontraba en el lugar, ya que tras presentar su descargo por escrito en el Juzgado de Bonadio, se trasladó al Instituto Patria, en el barrio de Congreso, donde permanecía anoche.
El abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón, llegó al lugar tras enterarse de los operativos a través de los medios y, entendiendo en un principio que el allanamiento estaba dirigido al domicilio de su clienta, adelantó que iba a realizar una denuncia en la comisaría porque se trataba de un acto “ilegal” siendo ella senadora nacional.
“Se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no pertenecen a Cristina”, precisó poco después el letrado ante la prensa y luego de contactarse con el jefe del operativo.
Sin embargo, Dalbón consideró que el operativo era “violencia pura” y que la Justicia quiere “amedrentar” a la ex mandataria nacional y “a los senadores nacionales que tienen aprobar la autorización para los allanamientos”.
Precisamente, el Senado tiene previsto sesionar el próximo miércoles para tratar la autorización que pidió el juez federal Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidenta Kirchner en el marco de la causa por los cuadernos con detalles sobre el pago de coimas por la obra pública a su gobierno.
La semana pasada, los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista postergaron esa decisión debido a que los fundamentos que le requirieron a Bonadio como condición para tratar el pedido de allanamiento habían llegado a la Cámara alta minutos antes de iniciar la sesión.
Además, el documento enviado por el juez contenía información de la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública que los legisladores consideraron que no era “prudente” dar a conocer públicamente cuando el expediente aún tiene secreto de sumario.
El martes último, la Comisión de Asuntos Constitucionales había firmado un dictamen para autorizar los allanamientos solicitados por Bonadio, pero limitándose a los domicilios que Cristina Kirchner tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo.
CFK denunció una persecución
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que existe una persecución política en su contra en la que actúan coordinados “el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos”. En el escrito que presentó como descargo en la causa de las fotocopias de los cuadernos Gloria dice que fue “imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita” destinada a obtener, según se le adjudica, dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”.
Esos expedientes análogos están el juzgado de Julián Ercolini, donde la ex presidenta plantea que en todo caso debería acumularse toda la investigación, y recuerda que allí además pidió una auditoría de la obra pública durante el período en cuestión que nunca se hizo. Su presentación recusa al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, y reclama la nulidad de todo lo actuado porque considera que los cuadernos del chofer Oscar Centeno son privados e inviolables según la Constitución, afirma que hubo forum shopping porque que el juez y el fiscal decidieron ellos mismos investigar sin mandar el caso a sorteo y que se utilizó la ley del arrepentido para presionar a los imputados como método de coerción y no de esclarecimiento. Además pide que declaren como testigos a Mauricio Macri y Daniel Angelici, ya que quiere saber si negociaron que el primo del presidente Angelo Calcaterra (ex titular de Iecsa, antes de los Macri) declarara como imputado colaborador y volviera a su casa tranquilo. Al anochecer, el juzgado mandó a allanar dos departamentos en el mismo edificio donde vive CFK, pero estaban vacíos y hasta última hora la Policía Federal no había hallado nada relevante para la causa.
Todo esto fue horas después de que la ex mandataria dejara los tribunales de Comodoro Py, donde tuvo que asistir a la cita en el juzgado de Bonadio, lugar que ya conoce porque se trata del mismo magistrado que la imputó en la causa conocida como “dólar futuro”, en la del Memorándum con Irán basada en la denuncia de Alberto Nisman por encubrimiento y en caso llamado “Los Sauces” donde le atribuyó alquileres simulados a contratistas de obra pública (aunque después de procesarla le mandó esta causa a Ercolini).
CFK llegó ayer a tribunales acompañada por Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, y Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ambos vinculados al papa Francisco. Junto con su abogado Alberto Beraldi tuvo que esperar cerca de media hora en el pasillo del cuarto piso de la mole judicial de Retiro. Una secretaria le acercó una silla. La demora, les dijeron, se debía a una falla en el sistema informático, argumento que no creyeron. Una vez en el despacho, empezó a leer la acusación el secretario Enrique Rodríguez Varela. Lo mismo que les habían leído a todos los imputados: allí se sitúa a la ex presienta como jefa de una asociación ilícita de acuerdo al relato que surge de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, que habla de traslados de “bolsos” o “recaudación” incluso a la quinta de Olivos. Beraldi le dijo que no se molestara en continuar, que después la leerían. El juez ni apareció. El fiscal Stornelli merodeaba, y sólo le estrechó la mano al defensor. Al momento de revisar el acta, CFK le hizo notar con un dejo de delicadeza al secretario Rodríguez Varela que había escrito con faltas de ortografía: “persive” en lugar de “percibe”, por ejemplo.
La ex mandataria dejó tres escritos: una declaración en primera persona; un planteo de nulidad y pedido de pruebas; y la recusación al juez y al fiscal.Así describió su situación: “A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, solo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución”. También dijo en las redes sociales: “Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadio. ¿Milagro? No. ¿Forum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial –en su más alta expresión– en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos…”. “Resulta absurdo hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar consolidada durante la década del 80. Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas”.
El escrito donde su abogado puntualiza las razones del pedido de nulidad, deja a la vista las posibles irregularidades sobre las cuales CFK advierte que se instrumenta la persecución que describe:
– Señala que en otros tres expedientes es investigada también por asociación ilícita, y también son casos que se vinculan con obra pública. Se la pretende juzgar por cuarta vez, dice, como jefa de un supuesta organización criminal que ya está siendo juzgada, con investigaciones en el juzgado de Ercolini. En una de las causas, precisamente conocida como el expediente de la “obra pública”, donde se investigaron exclusivamente obras en Santa Cruz otorgadas a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner recuerda que pidió con insistencia una auditoría general de la obra pública en todo el país desde 2003 y nunca se hizo.
– Cuestiona la génesis de la investigación desde varias aristas: el periodista de La Nación Diego Cabot le entrega fotocopias de los cuadernos al fiscal Stornelli después de haber devuelvo los originales a quien se los dio, su vecino Jorge Bacigalupo, un ex sargento de la policía al que se los había confiado Centeno. El material es incorporado a una causa donde se investiga a Roberto Baratta y su ex jefe Julio De Vido por el supuesto pago de sobreprecios por gas licuado. Bonadio abre una causa aparte para darle “autonomía”, sin mandar a sorteo o a Ercolini, aunque tanto él como el fiscal tenían conocimiento de la conexidad con otras causas. “Estamos ante un caos de forum shopping que determina una directa afectación a las reglas del debido proceso legal y la garantía del juez natural”. El abogado Beraldi dice, además, que los cuadernos son privados, son papeles inviolables, Bacigalupo los dio a un periodista sin consentimiento de Centeno y la justicia no debió validarlos, ya que sería un delito. También cuestiona el modo en que Centeno deviene arrepentido y cambia repentinamente de abogado.
– Objeta el modo en que se aplicó la ley del arrepentido. Los empresarios “que se negaron forma parte de la asociación ilícita o se abstuvieron de declarar quedaron detenidos; los que aparentemente negociaron con el fiscal y se arrepintieron (no queda claro de qué) recuperaron la libertad o nunca fueron privados de la misma”.
La presentación recuerda la curiosa aparición de Calcaterra en el juzgado dispuesto a colaborar cuando todavía no había ninguna medida en su contra. En ese entonces estaba preso uno de directivos de Iecsa, Javier Sánchez Caballero. Calcaterra fue con el argumento de que había puesto dinero para campañas del kirchnerismo bajo presión y se ofreció como colaborador. Sánchez Caballero dijo algo similar, como arrepentido, y quedó libre. El primo del presidente volvió tranquilo a su casa. “Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana (…) se publicó que Calcaterra habría mantenido reuniones con Daniel Angelici así como con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos, con la presencia del propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, llegándose a conocer algunos de los diálogos…”, explica el planteo de Beraldi. Por eso pide citar a Macri y a Angelici y que se libre oficio a la Policía Federal para obtener filmaciones de ingreso y egreso, libros de ingreso y egreso u otras pruebas que permitan identificar a las personas que visitaron desde el 8 de enero hasta ahora la quinta de Olivos.
Cuadernos: se entregó el exfuncionario K Claudio Uberti
El extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti se entregó a la Justicia en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública. En tanto que Juan José Chediack, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y ofreció información.
Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el exfuncionario kirchnerista, se entregó por la tarde del lunes en los tribunales de Comodoro Py.
Uberti está imputado como partícipe necesario de los hechos que se relatan en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, antiguo número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación.
El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, había pedido su detención el viernes pasado, luego de tomarle indagatoria al empresario Carlos Wagner.
En su declaración como arrepentido, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción le relató al magistrado el sistema por el cual los ex funcionarios cobraban coimas a cambio de entregarle a las empresas licitaciones para obras públicas.
A partir de esto, Bonadio solicitó las capturas del el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain; Raúl Vertúa, empresario de la construcción; José María Olazagasti, ex secretario de De Vido, y Uberti, el único que continuaba prófugo de ellos.
En el marco de esta causa, continúa siendo buscado Oscar Thomas, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno kirchnerista
Asimismo, Juan José Chediack, quien fuera titular de la Cámara Argentina de la Construcción, se acercó hasta la fiscalía luego de que Wagner señalase a su empresa como parte del “club de la obra pública”. Ante esto, ofreció dar información sobre la causa con el objetivo de ser colaborador y reducir una posible pena en su contra.
El juez Bonadio deberá resolver si homolga el acuerdo de Chediack con Stornelli para tal fin.
