La bala que mató a Rafael Nahuel es una 9 mm
El joven mapuche fue asesinado por la espalda mientras el Gobierno y algunos medios de comunicación hablan de «enfrentamiento». El Presidente de la Nación respaldó a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La bala que mató a Rafael Nahuel es una 9 mm, como las que usa el grupo Albatros
El joven fue asesinado por la espalda pero el Gobierno habla de «enfrentamiento». Un nuevo dato complica a los uniformados.
Tras el asesinato de Rafael Nahuel Colhuan por parte de las fuerzas de seguridad en un desalojo en Villa Marcardi, fuentes judiciales informaron a la prensa que el calibre del proyectil que mató al joven de 22 años es de 9 mm, similar al usado por la patrulla Albatros, el grupo de elite de Prefectura que el sábado reprimió a un grupo de la comunidad.
La autopsia realizada en la morgue de Bariloche, cuyos resultados finales estarán el jueves, mostró que el proyectil ingresó por el glúteo izquierdo de Rafael Nahuel Colhuan, de 22 años, realizó un recorrido ascendente, comprometió varios órganos y quedó alojado en la axila derecha.
A pesar de la brutal represión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a respaldar el accionar de las fuerzas de seguridad al subrayar que el Gobierno otorgó «carácter de verdad a la versión de Prefectura» fuerza que dio cuenta sobre un enfrentamiento con mapuches en el predio, donde también resultaron heridas y detenidas dos personas de esa comunidad.
«De acuerdo a la Prefectura que estuvo en el lugar había armas de grueso calibre (del lado de los mapuches)», manifestó la ministra.
«Las armas están ahí o ya las sacaron. Porque no se pudo entrar más, la patrulla bajó y fue desarmada. Todas las armas que se utilizaron en contra de la Prefectura están ahí o se las llevaron, seguramente ya se las llevaron», apuntó la funcionaria.
Asimismo, Bullrich justificó: «Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz».
Muerte del mapuche: versiones y cruces de lo que pasó en la montaña
La principal diferencia es sobre si los indígenas usaron armas de fuego.
El único hecho objetivo comprobado en torno a la muerte del joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel en Villa Mascardi, el pasado sábado, es que lo mató una bala 9 milímetros como las que usa el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
El disparo ingresó por el glúteo izquierdo en un recorrido lateral ascendente y comprometió órganos vitales hasta alojarse en la axila derecha, cerca de la costilla. No hay orificio de salida.
Esa verdad inapelable la arroja el resultado de la autopsia, que se le realizó en la morgue judicial de Bariloche antes de que Nahuel fuera velado en su casa de Nahuel Huen, en el Alto, y sepultado en el cementerio local.
Esa es hasta ahora la única verdad que comparten los integrantes de la comunidad mapuche, el Gobierno y el juez Federal de Bariloche Gustavo Villanueva.
Todo lo demás son acusaciones cruzadas entre las partes. Los primeros hablan de «asesinato» y “cacería”. El Ministerio de Seguridad, en tanto, defiende la hipótesis de un enfrentamiento. El juez y la fiscal Silvina Little prefieren el silencio que les brinda el secreto de sumario.
Entre los testimonios de los mapuches se cuentan las declaraciones de uno de los dos jóvenes que también recibieron disparos. “Nos andaban cazando en el territorio. Llegaron con una mini Uzi y 9 milímetros directamente a descargarlas sobre nosotros. El grupo Albatros de Prefectura vino directamente a cazar, esos no vienen a dialogar vienen directamente a matarnos”, le dijo ayer un integrante de la comunidad al fotógrafo de Clarín Mario Quinteros.
Entre los voceros del Gobierno, la más enfática fue Patricia Bullrich. “La versión de la Prefectura Naval Argentina es de carácter de verdad para nosotros. La Prefectura fue a enfrentarse con un grupo violento”, sostuvo en conferencia de prensa.
El primero de los desacuerdos alrededor de las circunstancias en las que murió Nahuel gira entorno al inicio de la ocupación de los terrenos en Villa Mascardi, en el cerro a la altura del kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40, a 35 km de Bariloche.
Desde el Gobierno insisten en que la toma empezó el 10 de noviembre. Los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en cambio, afirman que había comenzado dos meses antes de que lo hicieran público.
El primer contacto del juez Villanueva y la fiscal con la comunidad según el relato de fuentes gubernamentales habría sido el martes 14, cuando se les exigió en persona que dejaran pasar a una comitiva de la Cooperativa de Electricidad para que trabajaran en la zona, en un corte de un cable de media tensión que -especulaban- había sido un sabotaje de los mapuches. Las autoridades judiciales habrían sido echados bajo amenaza, una versión que desmienten los mapuches.
Un miembro de la comunidad mapuche en la entrada al territorio que tomaron. (Foto: Mario Quinteros).
Sí acuerdan todas las partes en que el miércoles 22, la fiscal se reunió con referentes de la comunidad en el Juzgado Federal para buscar una salida al conflicto. No hubo acuerdo. “Estuvimos hasta las 22.30 de la noche y al día siguiente fue el desalojo”, le dijo Luis Pilquiman, de la coordinadora mapuche, a este diario.
Efectivamente, el jueves pasado a las 5.30 de la madrugada se produjo el desalojo ordenado por el juez. Los testimonios de las partes vuelven a coincidir. Alrededor de 300 agentes de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería (solo estuvo en ruta) participaron. Detuvieron a mujeres y a sus hijos menores. “A chicos de 3 años”, denunció Pilquiman. Las partes coinciden en que alrededor de 4 hombres escaparon cerro arriba y permanecieron en los predios de Parques Nacionales.
También coinciden las partes en que, tras el desalojo, se sumó gente a la ocupación que no había estado el jueves. Ese es el caso de Fausto Jones Huala. El hermano del lonko Facundo Jones Huala fue visto en Bariloche en una manifestación el viernes. Lo mismo ocurrió con Micaela Johana Colhuan, que hasta el viernes 24 estaba de servicio en el Ejército, donde es voluntaria, y que el sábado habría recibido un impacto de bala.
“Ellos, como otros penis (hermano, en mapuche) y organizaciones sociales vienen ayudar, a traer comida y abrigos”, insistieron los mapuches. En el Gobierno, en cambio, sostienen que pretendían sumar más presencia para mantener la toma.
El sábado una patrulla de 4 agentes del grupo Albatros se topó con el grupo de mapuches que permanecían en el lugar. El Ministerio de Seguridad asegura que hubo un enfrentamiento que incluyó lanzas, cuchillos y disparos entre los prefectos y la comunidad mapuche. Los prefectos cargaban pistolas-ametralladoras MP5, con cartuchos de tinta y plomo y bombas de estruendo. La declaración de los efectivos y de una segunda patrulla que llegó al lugar aseguró que los mapuches dispararon armas calibre 22 y 380, una versión que descarta incluso que el tiro que mató a Nahuel haya sido disparado accidentalmente por sus compañeros. El parte del ministerio afirma que dispararon
Los mapuches niegan esa versión. “Solo utilizaron piedras, boleadoras y ondas de revoleo”, se quejó Orlando Carriqueo, secretario general de la mesa coordinadora mapuche de Río Negro. También negaron cualquier vinculación a la RAM, una acusación con la que el Gobierno insiste.
El cuerpo sin vida de Nahuel fue bajado en una carretilla improvisada con ramas por Jones Huala y Mauro González, detenidos desde entonces en la sede de PSA.
Todavía no hay pruebas materiales que abonen la teoría oficial de que los mapuches dispararon balas de fuego o atacaron con lanzas. “Cómo vamos a tener (pruebas) si el juez no nos deja entrar en su negociación con el RAM”, se quejaron en el Gobierno.
También deslizaron que el magistrado había sido echado a piedrazos en la mañana de ayer; una versión que fue desmentida por otros funcionarios. Temen, no obstante, que la escena sea alterada.
Sí está probado que el juez acudió al lugar de los hechos en la tarde del domingo, con una comitiva de familiares de mapuches, dos médicos que revisaron a los heridos (quienes finalmente decidieron permanecer en el lugar) e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Para eso resultó vital la intercesión del obispo de Bariloche Juan Chaparro, que ayer, al igual que el juez y la fiscal se comunicó con funcionarios del ministerio de Justicia. Esa delegación se fue al caer la noche; sin una inspección ocular definitiva. El obispo, un hombre cercano al flamante titular de la Conferencia Episcopal Oscar Ojea -próximo al Papa- emitió un duro comunicado en el que se responsabiliza a las fuerzas federales.
Este martes, aseguraron fuentes de los tres sectores, se realizaría el esperado peritaje en la montaña.
Mauricio Macri respaldó a Patricia Bullrich y pidió «un cambio cultural» sobre las fuerzas de seguridad
Fue en la reunión de Gabinete que encabezó esta mañana, donde la ministra dio detalles del operativo.
Patricia Bullrich estaba dando una detallada explicación ante sus colegas ministros sobre el operativo en Villa Mascardi, en el que murió Rafael Nahuel, un joven de la Comunidad Lafken Wincul. Mauricio Macri escuchaba en silencio y asentía con su cabeza. Hasta que en un momento la interrumpió:
-Pará ahí, Patricia. ¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas? ¡Esto no pasa en ningún lugar del mundo!
El jefe de Estado se sorprendió cuando la ministra contó que en medio de los enfrentamientos y al verse acorralados por los RAM, los efectivos intentaron comunicarse por radio con las autoridades que estaban al pie de la montaña para pedir instrucciones y corroborar si podían utilizar sus armas, dado que, hasta ese momento -y siempre según la funcionaria- habían usado las pistolas tipo «paintball» para disuadir a los mapuches.
Macri masculló bronca y reivindicó el papel de las fuerzas como herramienta del Estado para garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. Pero siguió escuchando la exposición de su ministra.
Y, un rato más tarde, volvió a intervenir. Fue tras una reflexión de Marcos Peña que analizó que, «por el pasado» oscuro que tuvieron, «hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes». «Pero estamos corriendo esa raya cultural», resaltó.
Macri amplió el concepto de su jefe de Gabinete y expuso la necesidad de que en la Argentina se haga «un cambio cultural» respecto a las fuerzas de seguridad: «Necesitamos correr esa raya. Por eso formamos, entrenamos y les damos armas a las fuerzas».
Para el mandatario, «por supuesto hay que investigar» el accionar de las fuerzas, pero al mismo tiempo se les debe devolver el rol institucional en la sociedad. «Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse».
Peña lo refrendó y aclaró: «Acá no se avala ninguna violación de la ley».
Con todo, Macri dejó en claro ante su Gabinete que no cederá ante la presión de algunos sectores de derechos humanos para que se abra una negociación con los RAM. Y también ofreció un respaldo contundente a Bullrich. No sólo desde lo operativo sino también desde lo comunicacional. Es que, contrario a las críticas que ayer se volcaron sobre la ministra, por advertir que el Gobierno «no tiene que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad», para el Presidente esa afirmación se trata de una cuestión de «lógica». «Ocurrió todo dentro de un operativo pedido por una fiscal y un juez», argumentaron cerca del Presidente.
