Fuerte rechazo del INDEC a la cifra oficial de pobreza: “Es un planteo que no resiste el mínimo análisis”
Trabajadores del INDEC cuestionan al Gobierno por el uso electoral de las estadísticas de pobreza y advierten sobre el vaciamiento técnico del organismo.
La publicación del último indicador de pobreza volvió a tensar la relación entre el Gobierno y los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A través de un comunicado, la junta interna del organismo denunció que el Poder Ejecutivo realiza una “interpretación errónea y maliciosa” de los datos difundidos, con el objetivo de sostener el plan económico oficial con fines electorales.
El principal foco de crítica fue la afirmación oficial de que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza. “Ese planteo no resiste el mínimo análisis”, aseguraron los trabajadores, quienes explicaron que el cálculo se basa en una comparación sesgada que omite el salto de 12 puntos en la pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023. Además, señalaron el uso incorrecto de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que solo abarca a unos 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos.
“Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería ser superior al 33%, y eso no sucedió”, remarcaron. También advirtieron que el Ejecutivo ignora otros indicadores críticos como la generación de empleos precarios, la caída del salario real en el sector público, el aumento del desempleo en zonas industriales como el conurbano bonaerense y la pérdida de puestos en la construcción.
El comunicado alertó además sobre el vaciamiento del INDEC, provocado por la salida constante de técnicos calificados debido a los bajos salarios. “El gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, denostando el trabajo realizado y degradando su calidad a través de un ajuste permanente”, afirmaron.
Desde la junta interna recordaron que ya en julio reclamaron “un INDEC independiente de los gobiernos de turno” y subrayaron que la aparente mejora en el índice de pobreza “no se sostiene en un crecimiento general de la economía ni en una mejora del mercado laboral”.
Finalmente, exigieron un urgente aumento salarial para todas las modalidades de contratación, la apertura de la mesa de negociación paritaria, el fin de la precarización laboral en el Estado, un bono de $180.000, el cese de los despidos y la reincorporación de los trabajadores cesanteados.
