17 febrero 2026

Energía en disputa: el Estado se retira, el mercado avanza

El nuevo esquema eléctrico nacional, formalizado por la Resolución 400/2025, genera preocupación en provincias, cooperativas y especialistas. Advierten que la salida de CAMMESA, la dolarización de contratos y la falta de coordinación con los marcos regulatorios locales podrían provocar un “shock tarifario”, mayor concentración empresarial y desigualdades en el acceso a la energía.

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El nuevo esquema de “normalización” del sistema eléctrico impulsado por el Gobierno nacional ha encendido alarmas entre especialistas, cooperativas y autoridades provinciales, quienes advierten sobre un posible “shock tarifario”, una mayor concentración empresarial y crecientes desigualdades en el acceso a la energía.

La medida se formalizó a través de la Resolución 400/2025, firmada por la Secretaría de Energía, que introduce cambios estructurales en el funcionamiento del mercado eléctrico. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la salida de CAMMESA como operador central, lo que, según fuentes provinciales, debilita la posición contractual de las distribuidoras y favorece la concentración del control en manos de grandes generadoras privadas.

Además, las centrales térmicas bajo control estatal —actualmente administradas por ENARSA— pasarán a operar bajo el régimen “spot” hasta su eventual privatización. Esta transición, advierten expertos, podría reducir la capacidad del Estado para amortiguar subas de precios en momentos de alta demanda o baja hidraulicidad, generando mayor volatilidad y aumentos en dólares.

Otro aspecto que genera inquietud es la exigencia impuesta a nuevos grandes consumidores, como parques industriales o centros de datos, de garantizar su propia capacidad de generación y respaldo físico. Esta condición podría desalentar inversiones estratégicas y profundizar las asimetrías regionales, especialmente en zonas con menor infraestructura energética.

También se señala la falta de coordinación entre el nuevo esquema nacional y los marcos regulatorios provinciales, lo que podría derivar en conflictos de facturación, demoras tarifarias y la reaparición de deudas entre distribuidoras y CAMMESA.

Desde el sector cooperativo bonaerense, la preocupación se centra en la obligación de negociar directamente con los generadores, en contratos pactados en dólares. “Si una cooperativa firma un mal contrato, el vecino podría terminar pagando más que en otra ciudad, rompiendo la equidad del sistema”, advirtieron representantes del sector, quienes también alertan sobre la fragilidad financiera de las cooperativas frente a un mercado dolarizado.

Aunque algunos referentes ven en este nuevo escenario una oportunidad para crear comercializadoras propias, reconocen que el principal desafío será sostener a los usuarios residenciales en un sistema sin red de contención.

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